Estar en el mercado exige las mejores condiciones para competir y eso depende de la gestión de los factores de competitividad. La competitividad es la primera condición estratégica para definir un cambio de modelo económico y necesita la combinación de tres políticas: el conocimiento de la tecnología, la eficiencia en el uso de los recursos y la innovación en todos los procesos de producción.

La eficiencia energética y el consumo de renovables son factores de competitividad porque reúnen todas estas características que han de asociarse a una estrategia de reindustrialización basada en productos más competitivos, por sus menores costes energéticos, con una demanda creciente en el mercado.

La innovación tecnológica es el valor añadido que convierte la eficiencia energética en factor de competitividad. Así se incluye entre los indicadores de Eurostat y hace del uso de la energía un elemento clave en el cambio de modelo productivo y de modelo energético a través de las tecnologías de ahorro energético.

La eficiencia energética como factor de competitividad tiene como fin realizar la transición de un modelo basado en el mayor consumo y dependencia de recursos que hay que comprar en el exterior a otro cuya prioridad sea reducir a la vez la energía necesaria para producir bienes y servicios y las emisiones contaminantes a la atmósfera.

Las decisiones para realizar esa transición y ejecutar las políticas de mejora de la competitividad tienen que tener en cuenta tres criterios: el apoyo a los recursos propios y autóctonos que se tienen y ahorro de aquellos recursos que no se tienen; incentivar o aumentar el consumo sin eficiencia conduce siempre a futuras crisis; la figura central del sistema energético ha de ser el consumidor que deberá transformarse en parte activa de la gestión de su demanda de energía.

¿Por qué nuestro modelo energético no es competitivo? Porque no cumple ninguno de estos criterios. El mayor coste energético de España lo constituye la dependencia energética. El coste de las importaciones energéticas de petróleo, gas y carbón en 2013 fue de 57.162 M€. Supone más del 5% de la riqueza nacional y ninguna de las economías con las que compite España tiene un coste semejante. El potencial de ahorro de la factura de las importaciones energéticas dedicado a la recuperación económica tendría un efecto multiplicador mayor que seguir incrementando el déficit comercial energético.

La primera medida de política energética que sería exigible es el ahorro de petróleo, gas y carbón y reducir así la elevada dependencia y poder competir con las economías más eficientes que la nuestra. En segundo lugar, si los sectores que más energía consumen son el de la edificación y el transporte, la eficiencia energética en estos dos sectores debería constituir una prioridad política y económica. En tercer lugar, las tecnologías renovables son las más eficaces para evitar importaciones energéticas y emisiones de CO2. Sólo en 2012 las renovables ahorraron 13,4 millones de toneladas equivalentes de petróleo y 36,7 millones de toneladas equivalentes de CO2. En total cerca de 3.000 M€ de ahorro para nuestro sistema energético en un solo año. Si España dispone del recurso, la tecnología y la industria renovable, la competitividad de nuestra economía necesita su utilización masiva.

No deberíamos esperar a que Europa lo ordene para convertir la eficiencia energética en el principal instrumento de la política energética. La gran diferencia que explica el disparate de las reformas energéticas en España es que mientras en Europa la eficiencia energética se considera innovación tecnológica y factor de competitividad, en España se prescinde de ella y se la penaliza porque representa menos ingresos para el sistema eléctrico.

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