La gran revolución de los consumidores

Artículo original para la revista Energías Renovables. Desde el decreto de moratoria renovable y la desordenada cascada normativa de los dos últimos años, la reforma eléctrica ha tenido un sesgo irracional. ¿Cómo en plena crisis económica, sin crecimiento del PIB y con constante descenso del consumo se pretende garantizar los ingresos del sistema eléctrico incentivando el consumo con subidas de la luz? La voluntad de no modificar la regulación eléctrica ha llevado a basar la reforma en eliminar la competencia de las renovables y el ahorro energético a las fuentes tradicionales, carbón, gas y nuclear, y cargar todo el peso de la reforma a los consumidores.

La fórmula para garantizar los ingresos y seguir pagando los costes reconocidos a las eléctricas ha sido la subida automática de los peajes a los consumidores en cuanto se produzca el desajuste entre ingresos y costes, trasladar a los Presupuestos del Estado una parte del déficit de tarifa y los costes extra-peninsulares e impedir que los clientes finales puedan reducir sus costes energéticos imponiendo barreras al autoconsumo y la eficiencia energética. La reforma, lejos de cambiar nada, descansa en una triple penalización a los consumidores y en incentivar una mayor facturación en plena crisis de demanda.

La irracionalidad del planteamiento ha saltado por los aires antes de que la reforma haya entrado en vigor y se ha hecho evidente con los repetidos cambios de opinión del Ministro Soria sobre el déficit tarifario de 2013, un segundo decreto de renovables sin que se haya aprobado el primero, la derogación en diciembre de una ley de octubre sobre el crédito extraordinario para cuadrar la reforma o un Gobierno que se enmienda a sí mismo. Era previsible que el control de los presupuestos ejercido por el Comisario Europeo, Olli Rehn, no permitiría incrementar el gasto público por las dificultades de España para cumplir el objetivo de déficit público. Se han engañado a sí mismos y nos han engañado a todos creando más incertidumbre y desconfianza.

La consecuencia es que el consumidor cargará con todo y a través de las subastas que determinan el precio de la tarifa de último recurso y del mecanismo que fija el precio de la electricidad en el mercado mayorista se irá confirmando. Porque la reforma no ha tocado la metodología de conformación de los precios y ha suprimido el único organismo que se propuso investigar estos procedimientos, la CNE. La realidad es que estamos asistiendo a la crisis de un modelo energético basado en la incentivación del consumo de combustibles fósiles y energía nuclear, a pesar de ser el modelo más caro, inseguro e incompatible con la salida de la crisis.

Lejos de afrontar la explicación de cómo asfixiando las renovables desde 2008 ha seguido incrementándose el recibo de la luz y el déficit de tarifa, el debate energético ha desviado la atención en estos últimos días de 2013 hacia la promoción del gas no convencional como parte de la reforma. Coincidiendo con la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático celebrada en Varsovia, un artículo de Javier Solana publicado en “El País” defendía el “fracking” como “la gran revolución de la energía”. El gas esquisto, según Solana, solo representa ventajas para un futuro bajo en carbono; apenas habría que resolver las fugas de metano, la escasez de agua o la densidad de población. Se trataría de una energía barata pues sus grandes costes solo se revelan pasado el tiempo. Ahí es nada la contribución de Javier Solana para afrontar el cambio climático. Lo malo es que este año hemos visto lo sucedido con infraestructuras gasistas como CASTOR, El Musel o la sentencia del PRESTIGE o el decreto de residuos nucleares, para saber que la responsabilidad civil de las energías de riesgo en que se basa nuestro mix energético la asume por entero la sociedad, que contaminar es gratis, que los informes de impacto ambiental son un fraude y que los costes que no internalizan los hidrocarburos y la nuclear se trasladan automáticamente al consumidor de manera antisocial y a las futuras generaciones de forma insolidaria.

La Agencia Internacional de la Energía ha manifestado en su informe WEO-2013 que la lucha contra el cambio climático exige eliminar las ayudas a los combustibles fósiles, cinco veces superiores a las que se dan a las renovables, apostar por mayores objetivos de renovables y derribar las barreras que impiden la inversión en eficiencia energética. La tendencia mundial es que la generación distribuida será la fuente de generación más importante y que el modelo de negocio energético lo determinará la demanda y no la oferta. De esta manera se evidencia la falta de sentido de la reforma eléctrica.

El mayor error de las decisiones que ha tomado el Gobierno y el sector eléctrico es que solo se preocupan por el corto plazo, sacrificando la estrategia energética a largo plazo de la que carece nuestro país. El déficit democrático de la reforma es paralelo a la falta de transparencia del sistema energético. Ambos se realimentan para que nadie sepa los verdaderos costes de las fuentes convencionales de energía y el sistema funcione como un cártel basado en la dependencia e intensidad energéticas. Eso explica cómo eliminando la inversión renovable sigue creciendo el déficit tarifario.

De la reforma eléctrica está emergiendo un nuevo perfil de consumidor, más exigente y que valora el ahorro. Si el modelo tradicional ha sido el del consumidor cautivo de las compañías eléctricas, el nuevo modelo va a ser el del consumidor soberano como centro del sistema, generador de su propia energía y parte activa de la gestión de su demanda. Es el modelo de las directivas europeas y el que exige la recuperación económica. La falta de respeto al consumidor está alumbrando la que va a ser la gran revolución energética: la revolución de los consumidores.