Artículo original para la revista VÉRTICES del CIEMAT. Durante 2012 se han sucedido cuatro reales decretos leyes y dos leyes para reformar el sistema eléctrico y eliminar el déficit de tarifa. En estos días se está a la espera de una nueva reforma porque después de las seis anteriores los problemas no han dejado de crecer. Si analizamos el hilo conductor de esta sucesión de normas se puede constatar fácilmente que la única reforma que se acumula desde 2008 han sido los recortes a las renovables. El resto de recortes al transporte, distribución o interrumpibilidad se han compensado en normas posteriores y los costes que se acordó trasladar a los presupuestos generales del Estado han permanecido en la tarifa. La conclusión es que en 2012, mientras la desviación sobre las previsiones de las primas a las renovables fue de un 22%, la desviación del déficit de tarifa fue de un 114%.

En el preámbulo del RDL 6/2009 se justificaron los recortes a las renovables porque “constituían un grave riesgo a corto plazo para el sistema por razones técnicas y económicas”. Esta teoría es la única que ha inspirado la reforma energética de los dos Gobiernos habidos desde entonces, verdadero ejemplo de riesgo regulatorio, y el tiempo ha demostrado la falsedad de la misma. Después del RDL 14/2010, que recortó la retribución renovable en más de 4.400 M€ y con carácter retroactivo a la fotovoltaica, y del RDL 1/2012 de moratoria renovable se han aprobado fuertes subidas de la luz que en los informes de la CNE se justificaron por las ayudas al carbón, el carácter inflacionista de las subastas de la tarifa de último recurso, los costes extra-peninsulares y la baja demanda. Y ninguno de estos fenómenos se ha querido abordar con seriedad.

La inversión renovable descendió un 70% en 2012 y un 96% en 2013 y se prevé que para 2014 ya no se instale ningún nuevo kilovatio renovable. Desde 2010 se están aplicando medidas retroactivas a las renovables en un régimen de inseguridad jurídica que ha ahuyentado toda inversión y deslocalizado el conocimiento e industria nacional de la tecnología de generación más innovadora y de más futuro en el mundo. Seguir insistiendo en el coste de las renovables como la única razón de nuestros déficits energéticos ya no es ignorancia sino una manipulación de la realidad como resistencia a un cambio de modelo energético que está operando en las principales economías como nuevo escenario de competitividad.

Cuando se observa la evolución del precio del petróleo y del gas desde 1999 a 2012 sorprende ver cómo la imparable ascensión de sus precios no ha tenido ninguna consecuencia en la regulación; mientras el escenario global de la energía ha sufrido cambios trascendentales la política energética no ha cambiado. La causa del fracaso de las reformas energéticas es haber ignorado los impactos de la crisis en el sistema eléctrico.

El primero de ellos ha sido el incremento de las importaciones energéticas de hidrocarburos en un escenario de precios altos desde 2004 sin que a nadie se le haya ocurrido la necesidad de reducir una dependencia energética treinta puntos por encima de la media de la UE. Ahora se pretende solucionar los problemas del gas consumiendo más gas. El segundo se deriva de la crisis financiera que dejó a los bancos sin liquidez para adelantar el déficit tarifario a las eléctricas a través del artificio contable creado en 2002, cuando las renovables eran insignificantes. A partir de 2008 el déficit eléctrico se transforma en deuda pública y su financiación lo convierte en imparable bola de nieve, pero el artificio contable de 2002 nadie se ha atrevido a tocarlo. El tercer impacto ha sido el descenso de la demanda eléctrica desde 2007 que ha supuesto una merma de ingresos al sistema de casi mil millones cada año, cuando todas las previsiones aumentaban la demanda por encima del PIB. En el preámbulo del RDL 13/2012 se hace un análisis del problema al paralizar todas las inversiones gasistas considerando que cómo bajando la demanda se seguían ejecutando inversiones en infraestructuras gasistas dando origen a la actual sobrecapacidad del sistema y al incremento de los pagos por capacidad.

Ante estos impactos estructurales la respuesta no ha sido afrontarlos con medidas estructurales sino aplicando parches regulatorios para cada año con el único objetivo de asegurar los ingresos del sistema eléctrico. Pero con unos costes crecientes por la mayor dependencia, déficit tarifario y baja demanda, la solución convierte en inviable el sistema porque cada año el problema crece. Y eso ha pasado en 2013, año en el que la pluviometría y el viento han aumentado la producción renovable hasta superar el 50%, produciendo una rebaja en el precio mayorista de la electricidad y menos ingresos para el sistema. Como la lluvia y el viento no se pueden regular se vuelven a repetir como el día de la marmota las mismas medidas que se aplican desde 2010. Más recortes retroactivos a las renovables, recortes a otros costes regulados que se recuperan con posterioridad y la diferencia se carga a los presupuestos generales del Estado; pero como en los Presupuestos manda Bruselas la reforma no cuadra y el parche se convierte en descosido.

Se ha demostrado que parando las renovables los problemas siguen creciendo y que con más renovables se reduce el precio de la energía. Aun así el discurso oficial sigue siendo consumir más carbón, más gas, más nuclear y maldecir la inversión renovable en un marco de inseguridad jurídica cuando se acaba de decir por la Agencia Internacional de la Energía que en tres años las renovables habrán adelantado al gas en producción y competitividad. O cuando la Comisión Europea ha decidido afrontar el desafío de las elevadas importaciones de gas y petróleo priorizando los objetivos de eficiencia energética. Pero aquí el ahorro de energía significa menos ingresos para el sistema, por lo que se ha eliminado de la política energética.

Una reforma energética eficaz y realista debería partir del reconocimiento de los impactos de la crisis en el sistema eléctrico para promover cambios profundos en el mix, en los costes regulados y en la conformación de precios de la electricidad, hacer del ahorro de energía una prioridad y promover unos mercados energéticos con más competencia y respeto a los consumidores.

 

Dejar un comentario